Carta remitida por la RAP, al Gobierno español en torno a la gestión del agua durante la pandemia:

Sra. Vicepresidenta:

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a decenas de plataformas y organizaciones ecologistas, sindicales y sociales del estado español en la defensa de la gestión pública y democrática de los servicios del ciclo urbano del agua-, manifiesta su preocupación y estupor por la posición que, durante la actual situación de alarma sanitaria, han mantenido las empresas privadas que gestionan los servicios de agua, a través de sus portavoces Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).

La promulgación por parte del gobierno de los decretos ley 8 y 11 de marzo de 2020 garantizan, desde nuestro punto de vista, el disfrute del derecho humano al agua tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020), como los que, debido a la crisis del COVID-19 y al actual estado de alarma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020).

Apoyamos estas medidas de protección social, que suponen la garantía del suministro continuo de agua a las familias y la prohibición de los cortes, y exigen la solidaridad de los operadores de agua hacia la ciudadanía que resultará golpeada por la actual crisis sanitaria y social. En plena crisis, se ha puesto de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

A pesar del consenso social que suscitan las medidas contempladas en ambos decretos ley, en la carta dirigida a usted el 3 de abril pasado, AGA mantiene que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantea la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que se producirá por la crisis sanitaria. Es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión. Queda patente que AGA no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

En este contexto, pedimos a su gobierno que aborde las iniciativas siguientes para conseguir que la provisión de los servicios del ciclo integral urbano del agua sirvan para satisfacer las necesidades sociales de la ciudadanía y sean coherentes con el derecho humano al agua y al saneamiento:

• Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios esenciales vinculados a derechos humanos.
• Dotar de financiación suficiente a los servicios públicos de gestión directa, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados entre sí al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se ha puesto en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana.
• Prohibir por ley los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
• Facilitar procesos de remunicipalización que aseguren la estabilidad en el empleo y que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma del modelo definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
• Fortalecer la función reguladora de los municipios en tanto que titulares de los servicios del ciclo integral urbano del agua; en este sentido, rechazamos la creación de un regulador único y, en cambio, proponemos adoptar medidas como la creación de un organismo específico -Observatorio o Laboratorio-, del ciclo integral urbano del agua que propicie la comunicación, cooperación y el apoyo mutuo entre los entes locales, a la vez que garantice la transparencia en el ciclo y el acceso a la información por parte de la ciudadanía como garante de su participación activa y efectiva.

Por último, tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.

Cordialmente,

Gonzalo Marín

Portavoz de la Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública