Informe sobre el derecho humano al aguay el saneamiento
Os dejamos aquí un informe sobre la privatización y el derecho humano al agua y saneamiento del Relator Especial de la ONU, Léo Heller. Muy gráfico y fácil de manejar.
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Os dejamos aquí un informe sobre la privatización y el derecho humano al agua y saneamiento del Relator Especial de la ONU, Léo Heller. Muy gráfico y fácil de manejar.
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El Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, Léo Heller, ha presentado en el mes de julio de 2020 ante la Asamblea de Naciones Unidas un informe en el que subraya que existen riesgos específicos para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento en los casos de privatización, y que es necesario y pertinente analizar las dimensiones jurídicas, teóricas y empíricas de esos riesgos.
El Relator Especial los examina basándose en una combinación de tres factores relacionados con el suministro privado de agua y saneamiento: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. Mediante este marco analítico, identifica diferentes riesgos, entre ellos, la no utilización del máximo de recursos disponibles, el deterioro de los servicios, el acceso inasequible, la inobservancia de la sostenibilidad, la falta de rendición de cuentas y la desigualdad. También ofrece recomendaciones a los Estados y otros agentes para abordar y mitigar los riesgos identificados
Para leer el informe completo, pinche aquí
Carta remitida por la RAP, al Gobierno español en torno a la gestión del agua durante la pandemia:
Sra. Vicepresidenta:
La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a decenas de plataformas y organizaciones ecologistas, sindicales y sociales del estado español en la defensa de la gestión pública y democrática de los servicios del ciclo urbano del agua-, manifiesta su preocupación y estupor por la posición que, durante la actual situación de alarma sanitaria, han mantenido las empresas privadas que gestionan los servicios de agua, a través de sus portavoces Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).
La promulgación por parte del gobierno de los decretos ley 8 y 11 de marzo de 2020 garantizan, desde nuestro punto de vista, el disfrute del derecho humano al agua tanto de los sectores sociales vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (RD ley 8/2020), como los que, debido a la crisis del COVID-19 y al actual estado de alarma, lo son potencialmente (RD ley 11/2020).
Apoyamos estas medidas de protección social, que suponen la garantía del suministro continuo de agua a las familias y la prohibición de los cortes, y exigen la solidaridad de los operadores de agua hacia la ciudadanía que resultará golpeada por la actual crisis sanitaria y social. En plena crisis, se ha puesto de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
A pesar del consenso social que suscitan las medidas contempladas en ambos decretos ley, en la carta dirigida a usted el 3 de abril pasado, AGA mantiene que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantea la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que se producirá por la crisis sanitaria. Es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión. Queda patente que AGA no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.
En este contexto, pedimos a su gobierno que aborde las iniciativas siguientes para conseguir que la provisión de los servicios del ciclo integral urbano del agua sirvan para satisfacer las necesidades sociales de la ciudadanía y sean coherentes con el derecho humano al agua y al saneamiento:
Por último, tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.
Cordialmente,
Gonzalo Marín
Portavoz de la Comisión de Coordinación de la Red Agua Pública
Pedro Arrojo, profesor Emérito de Análisis Económico Universidad de Zaragoza, Premio Goldman 2003 y profesor de Economía Financiera Universidad Carlos III, reflexiona en este artículo publicado en diario.es sobre los motivos por los que no debe privatizarse el agua.
El experto de la ONU en agua y saneamiento Léo Heller ha alertado de que la pandemia “nos ha enseñado que dejar atrás a las personas que más necesitan los servicios de agua y de saneamiento puede conducir a una tragedia humanitaria”,
Os invitamos a leer algunos artículos publicados que profundizan en esta cuestión: